Si se modifica la norma muchas
empresas peruanas dejarían de exportar y se pondría en riego puestos de trabajo
formales.
El régimen laboral para la exportación no tradicional (Decreto Ley N°
22342) genera alrededor de 80 mil puestos de trabajo y permite a las empresas
que exportan productos con valor agregado planificar su producción de manera
adecuada y real, por lo que es un verdadero promotor del comercio exterior y la
generación de empleo formal, señaló el presidente de la Asociación de
Exportadores (ADEX), Juan Varilias Velásquez.
Detalló que esta modalidad responde a la necesidad de las empresas del
sector de planificar la producción en función de los pedidos del exterior, los
cuales son fluctuantes en su frecuencia y su monto a lo largo del año. “Esta
inestabilidad en las ventas hace imposible que el exportador peruano pueda
mantener un número constante de trabajadores”, refirió.
Cabe indicar que desde la crisis económica financiera del 2008, los
clientes incrementaron la frecuencia de sus pedidos, pero disminuyeron los
montos de los mismos, esto con el objetivo de mantener un stock cero y reducir
sus costos financieros.
“La importancia de los contratos de exportación no tradicional radica en
que el exportador puede contratar trabajadores en función de los pedidos que
recibe del extranjero. De este modo emplea trabajadores por el tiempo necesario
para cumplir determinado pedido”, indicó.
Riesgo de informalizar
Según la Gerencia de
Estudios Económicos de ADEX, los sectores confecciones y
metalmecánica (principales usuarios de este régimen), generan 90,000 puestos
de trabajo formales, de los cuales el 88% son a través de los contratos
de exportación no tradicional. De estos números se concluye que los contratos
laborales para la exportación no tradicional constituyen el factor principal de
formalización.
Bajo
estas condiciones, si se elimina este tipo de contratos laborales, se correría
un serio riesgo de informalizar el empleo a niveles mucho más altos que los
actuales. Además, se atentaría contra la estabilidad y el desarrollo del sector
exportador peruano.
Si
se deroga la norma, los exportadores reducirían significativamente sus envíos,
varios de ellos dejarían de exportar y se dedicarían al mercado interno o se
instalarían fuera del país. “Es muy difícil que una empresa pueda asumir el riesgo
de contratar trabajadores para atender un pedido y después quedarse con una
carga laboral alta que podría obligarla a cerrar”, concluyó Varilias.